Laguna Larga era una comunidad multicultural —formada por familias mayas ch’orti’, q’eqchi’, mam y achí, además de familias mestizas— asentada dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, en el municipio de San Andrés. Tenía una escuela, varias iglesias, un cementerio, una cancha de futbol y huertas y solares familiares, trabajaderos agrícolas; en 2005 el Consejo Nacional de Áreas Protegidas incluso había medido su polígono de ocupación; la comunidad había conformado su propio Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), reconocido oficialmente por el gobierno en 2007. Nada de eso evitó el desalojo. La noche del 2 de junio de 2017, alrededor de dos mil elementos del Ejército, la Policía Nacional Civil y la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) llegaron a ejecutar la orden, promovida por el CONAP y la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, de “recuperar” el terreno bajo el argumento de que estaba “usurpado”. La comunidad logró huir bajo una fuerte lluvia antes de que llegaran las fuerzas de seguridad. En total, 111 familias —cerca de 450 personas, entre ellas mujeres embarazadas, personas mayores, enfermos y niños— perdieron en unas horas sus viviendas, su escuela, sus templos, sus animales y sus cosechas.  

“Ya luego miraba uno de los soldados y ya uno sentía temor a que fueran a hacer lo mismo que hicieron esa vez, porque nuestras casas las quemaron, sí. Nosotros teníamos una así como ésta, la quemaron, no quedó nada, ni cenizas casi.” — Carlos Mauricio, 25 de enero de 2024.

“¡Humeaba! Había pasado casi un día y una noche. Donde miraban esa humareda la gente se ponía a llorar. Yo no pude llorar, pero me daban ganas de llorar por el dolor.” — Ete Vásquez, 25 de enero de 2024.