Casi nueve años después del desalojo, la comunidad de Laguna Larga sigue viviendo en el campamento fronterizo, a la espera de una solución definitiva. En marzo de 2026, el gobierno de Bernardo Arévalo se comprometió a un “retorno provisional”, pero hasta ahora no existe una fecha concreta para que esto ocurra. Mientras tanto, funcionarios realizan censos periódicos y sin previo aviso entre las familias, argumentando que el acuerdo cautelar obliga a los desplazados a permanecer en el campamento, por lo tanto, quienes no estén –porque fueron a la corta del tomate, por ejemplo—cuando lleguen los funcionarios a censar, no serán beneficiadas por cualquier acuerdo futuro. El contexto regional añade nuevas fuentes de incertidumbre: en agosto de 2025, los presidentes de Guatemala, México y Belice firmaron la Declaración de Calakmul, creando el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, un acuerdo trinacional de conservación que abarca 5.7 millones de hectáreas; y en febrero de 2026 el gobierno anunció la construcción de una nueva base militar estratégica justo en la frontera de Petén con México. Pese a todo, la comunidad no ha dejado de organizarse ni de hacerse visible: mantiene una página activa en redes sociales, ha dado entrevistas a medios nacionales e internacionales y sigue exigiendo, casi una década después, lo mismo que pidió la primera noche que huyó bajo la lluvia: un retorno o una reubicación en condiciones dignas.