En el norte de Guatemala, dentro de los parques nacionales Sierra del Lacandón y Laguna del Tigre —que forman parte de la Reserva de la Biósfera Maya, creada en 1990—, viven decenas de comunidades campesinas e indígenas. Algunas de ellas llegaron a la selva petenera desde mediados del siglo XX, muchas veces empujadas por la falta de tierra en otras regiones del país; otras llegaron después, por la violencia del conflicto armado interno (1960-1996), o incluso pudieron haber llegado en lo que va del siglo, buscando un lugar para poder vivir y trabajar. Cuando el Estado estableció esta área protegida, no reconoció la historia de quienes ya la habitaban: de la noche a la mañana, familias que habían abierto monte, construido escuelas e iglesias y firmado incluso acuerdos con las autoridades ambientales pasaron a ser llamadas “usurpadoras” o “invasoras” de un área protegida. Desde 2009, el gobierno guatemalteco ha ejecutado al menos ocho desalojos violentos en esta región —Centro Uno, El Vergelito, Pollo Solo, La Colorada, Nueva Esperanza, Macabilero, Centro Campesino y Laguna Larga—, afectando a miles de personas. Se trata de operativos con cientos o miles de efectivos militares y policiales que destruyen viviendas, cultivos y animales, sin ofrecer una reubicación digna. Laguna Larga es, hasta ahora, el caso más conocido y el que mejor ilustra las consecuencias de esta política: sus habitantes llevan casi una década viviendo en un campamento improvisado, exactamente sobre la línea que separa Guatemala de México. 

Esta persecución, sin embargo, nunca ha sido pareja. Mientras se declaraba territorio prohibido para las familias campesinas, en el área núcleo de la RBM se permitieron durante casi cuatro décadas actividades industriales de gran escala: desde 1985 —apenas dos años después de aprobarse la Ley de Hidrocarburos y en pleno conflicto armado— la empresa Basic Resources, y luego Perenco Guatemala Limited, extrajo petróleo del yacimiento Xan, ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre. Con respaldo de préstamos del Banco Mundial, la operación llegó a sumar más de cincuenta pozos, una mini refinería, oleoductos que atravesaron el bosque tropical y hasta un batallón del Ejército dedicado a resguardarla. La extracción concluyó apenas en agosto de 2025, cuando Perenco se retiró del Campo Xan, pero el propio gobierno calcula que el desmantelamiento y la reparación ambiental tomarán otra década. Durante sus casi cuarenta años de operación, la actividad petrolera contaminó el aire, el suelo y el agua de una zona que concentra el 70% de las fuentes hídricas de la reserva. A esto se suman décadas de ganadería extensiva, concesiones madereras y monocultivos que también han operado dentro de las mismas áreas protegidas. La contradicción es evidente: a los campesinos que habitaban estas tierras se les llamó “invasores” y se les desalojó con la fuerza pública, mientras las empresas petroleras, ganaderas y madereras encontraron acomodo legal dentro de la reserva que, según el discurso oficial, debía mantenerse “libre de presencia humana”. 

“Uno está consciente que las ANP debe protegerse… pero acá, se protege del campesino, pero de los grandes no; ellos sí pueden explotar, deforestar lo que quieren, que no hay ningún problema. Entonces no es cuidar el área protegida.” — Toño (Antonio Vásquez), 24 de enero de 2024.