Las medidas cautelares internacionales y una iniciativa de ley rechazada por el Congreso 

Apenas días después del desalojo, en septiembre de 2017, la comunidad logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara Medidas Cautelares (MC 412-17) a favor de las 111 familias desplazadas, un paso que obligó a los gobiernos de Guatemala y México a atender su situación y que, hasta hoy, ha sido la principal herramienta de protección de la comunidad. Sin embargo, el cumplimiento de esas medidas ha sido irregular: durante el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) ocurrió el desalojo; con Alejandro Giammattei (2020-2024) no se concretó ni la reubicación ni el retorno. Paralelamente a este litigio internacional, Laguna Larga se sumó a un esfuerzo legislativo más amplio: en 2016, más de cuarenta comunidades de la región presentaron ante el Congreso guatemalteco una Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible, que no fue aceptada pero sentó las bases de un trabajo organizativo posterior. Tras diez encuentros regionales con pueblos indígenas y campesinos de varios departamentos, el 19 de marzo de 2024 se presentó ante el Congreso la Iniciativa 6358, que buscaba reformar la Ley de Áreas Protegidas para reconocer a estas comunidades como corresponsables de la conservación y no como amenazas. El 7 de agosto de 2024, la comisión legislativa emitió un dictamen desfavorable, argumentando posibles consecuencias legales y ambientales adversas, lo que cerró, por ahora, esa vía de reconocimiento colectivo. 

Adjuntar propuesta de ley. 

“Sería recuperar nuestra área donde estábamos, esa sería nuestra base principal, con que nosotros tengamos nuestra tierra libremente para trabajar.” — Carlos Mauricio, 25 de enero de 2024. 

“Nuestro pleito ha sido el retorno, porque si teníamos una tierra declarada, una comunidad declarada, ¿por qué no podemos entrar de nuevo?, si hay otras comunidades que han entrado de nuevo.” — Don Tono, 24 de enero de 2024.