LA FRONTERA

En el norte de Guatemala, dentro de los parques nacionales Sierra del Lacandón y Laguna del Tigre —que forman parte de la Reserva de la Biósfera Maya, creada en 1990—, viven decenas de comunidades campesinas e indígenas. Algunas de ellas llegaron a la selva petenera desde mediados del siglo XX, muchas veces empujadas por la falta de tierra en otras regiones del país; otras llegaron después, por la violencia del conflicto armado interno (1960-1996), o incluso pudieron haber llegado en lo que va del siglo, buscando un lugar para poder vivir y trabajar. Cuando el Estado estableció esta área protegida, no reconoció la historia de quienes ya la habitaban: de la noche a la mañana, familias que habían abierto monte, construido escuelas e iglesias y firmado incluso acuerdos con las autoridades ambientales pasaron a ser llamadas “usurpadoras” o “invasoras” de un área protegida. Desde 2009, el gobierno guatemalteco ha ejecutado al menos ocho desalojos violentos en esta región —Centro Uno, El Vergelito, Pollo Solo, La Colorada, Nueva Esperanza, Macabilero, Centro Campesino y Laguna Larga—, afectando a miles de personas. Se trata de operativos con cientos o miles de efectivos militares y policiales que destruyen viviendas, cultivos y animales, sin ofrecer una reubicación digna. Laguna Larga es, hasta ahora, el caso más conocido y el que mejor ilustra las consecuencias de esta política: sus habitantes llevan casi una década viviendo en un campamento improvisado, exactamente sobre la línea que separa Guatemala de México. 

Esta persecución, sin embargo, nunca ha sido pareja. Mientras se declaraba territorio prohibido para las familias campesinas, en el área núcleo de la RBM se permitieron durante casi cuatro décadas actividades industriales de gran escala: desde 1985 —apenas dos años después de aprobarse la Ley de Hidrocarburos y en pleno conflicto armado— la empresa Basic Resources, y luego Perenco Guatemala Limited, extrajo petróleo del yacimiento Xan, ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre. Con respaldo de préstamos del Banco Mundial, la operación llegó a sumar más de cincuenta pozos, una mini refinería, oleoductos que atravesaron el bosque tropical y hasta un batallón del Ejército dedicado a resguardarla. La extracción concluyó apenas en agosto de 2025, cuando Perenco se retiró del Campo Xan, pero el propio gobierno calcula que el desmantelamiento y la reparación ambiental tomarán otra década. Durante sus casi cuarenta años de operación, la actividad petrolera contaminó el aire, el suelo y el agua de una zona que concentra el 70% de las fuentes hídricas de la reserva. A esto se suman décadas de ganadería extensiva, concesiones madereras y monocultivos que también han operado dentro de las mismas áreas protegidas. La contradicción es evidente: a los campesinos que habitaban estas tierras se les llamó “invasores” y se les desalojó con la fuerza pública, mientras las empresas petroleras, ganaderas y madereras encontraron acomodo legal dentro de la reserva que, según el discurso oficial, debía mantenerse “libre de presencia humana”. 

“Uno está consciente que las ANP debe protegerse… pero acá, se protege del campesino, pero de los grandes no; ellos sí pueden explotar, deforestar lo que quieren, que no hay ningún problema. Entonces no es cuidar el área protegida.” — Tono (Antonio Vásquez), 24 de enero de 2024. 

EL DESALOJO

Laguna Larga era una comunidad multicultural —formada por familias mayas ch’orti’, q’eqchi’, mam y achí, además de familias mestizas— asentada dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, en el municipio de San Andrés. Tenía una escuela, varias iglesias, un cementerio, una cancha de futbol y huertas y solares familiares, trabajaderos agrícolas; en 2005 el Consejo Nacional de Áreas Protegidas incluso había medido su polígono de ocupación; la comunidad había conformado su propio Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), reconocido oficialmente por el gobierno en 2007. Nada de eso evitó el desalojo. La noche del 2 de junio de 2017, alrededor de dos mil elementos del Ejército, la Policía Nacional Civil y la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA) llegaron a ejecutar la orden, promovida por el CONAP y la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, de “recuperar” el terreno bajo el argumento de que estaba “usurpado”. La comunidad logró huir bajo una fuerte lluvia antes de que llegaran las fuerzas de seguridad. En total, 111 familias —cerca de 450 personas, entre ellas mujeres embarazadas, personas mayores, enfermos y niños— perdieron en unas horas sus viviendas, su escuela, sus templos, sus animales y sus cosechas.  

• “Ya luego miraba uno de los soldados y ya uno sentía temor a que fueran a hacer lo mismo que hicieron esa vez, porque nuestras casas las quemaron, sí. Nosotros teníamos una así como ésta, la quemaron, no quedó nada, ni cenizas casi.” — Carlos Mauricio, 25 de enero de 2024. 

• “¡Humeaba! Había pasado casi un día y una noche. Donde miraban esa humareda la gente se ponía a llorar. Yo no pude llorar, pero me daban ganas de llorar por el dolor.” — Ete Vásquez, 25 de enero de 2024. 

LA COMUNIDAD

Por qué instalarse justo en la frontera se volvió un acto de resistencia 

A diferencia de otras comunidades desalojadas antes que ellos —que terminaron dispersándose en pueblos vecinos o intentando cruzar hacia el norte—, los habitantes de Laguna Larga tomaron una decisión que inició una historia de lucha: permanecer juntos, como comunidad, exactamente sobre la Línea Divisoria Internacional Terrestre que separa Guatemala de México, a la altura del estado de Campeche. Se instalaron en uno de los aproximadamente 150 “pasos ciegos” que existen a lo largo de esta extensa frontera, sin puestos migratorios cercanos. Esa ubicación, aunque significó instalarse literalmente en tierra de nadie, les dio dos cosas fundamentales: visibilidad ante organismos internacionales y cierta protección frente a un nuevo desalojo. Gracias también al acompañamiento de organizaciones de derechos humanos —como el Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, Indignación A.C.—, este asentamiento se convirtió, poco después, en la base desde la cual la comunidad pudo exigir protección internacional y mantenerse unida bajo el mismo nombre y las mismas formas de organización que tenía antes del desalojo. 

“La línea es un área internacional… cuando nosotros caímos ahí fue que todo el mundo se dio cuenta de lo que había pasado en Guatemala.” — Jorge Pérez, 24 de enero de 2024. 

“A ellos los llevan al área central y allá los dispersan, que cada quien agarre su rumbo, y no les dan una posesión ni nada, sólo los tiran a la calle. Nosotros, viendo esa situación, decidimos agruparnos aquí, al área internacional.” — Tono, 24 de enero de 2024. 

“Cuando nomás nosotros caímos aquí, vino la migra, venía la policía, venía el ejército de México y empezaron a querernos restringir el paso.” — Jorge Pérez, 25 de enero de 2024. 

“De aquí, conforme caímos, vinieron diferentes periodistas, grupos, gente mexicana… aquí a dónde iba uno a conseguir qué comer, qué beber. Tres tiempos nos traía, a veces con ropa, con calzado, pero fue gente mexicana.” — Romelia Pérez, 25 de enero de 2024. 

NUEVE AÑOS DE LUCHA

La vida cotidiana en el campamento: organización y precariedad 

Los primeros meses fueron de pura intemperie: las familias durmieron al aire libre o bajo plástico y nylon, cocinaban en fogones improvisados sobre la tierra y resolvían al descubierto todas sus necesidades básicas. Con el tiempo, y con la ayuda de los habitantes de ejidos y comunidades mexicanas como El Desengaño, en el municipio de Candelaria, Campeche, de organizaciones civiles también mexicanas y de la Iglesia Católica, construyeron viviendas de bahareque y palma. Pero casi nueve años después, el campamento sigue sin luz eléctrica, sin agua potable ni agua corriente; el único cuerpo de agua disponible está contaminado y provoca enfermedades de la piel y del estómago. El gobierno instaló una base militar en el terreno donde antes estaba la escuela de la comunidad (a estasos dos kilómetros y medio del campamento), y la presencia de soldados sigue generando miedo, las casas de carrizo y palma ofrecen poca protección. Para sobrevivir, los hombres trabajan como jornaleros en El Desengaño, las mujeres bordan servilletas para vender y algunas familias migran temporalmente para el corte de tomate en Campeche; sembrar del lado guatemalteco sigue estando prohibido por ser área protegida, y quienes lo intentan arriesgan hostigamiento, cárcel o incluso la vida. 

“Como a los 20 días vino la Comisión Interamericana aquí, a verificar si era cierto, y cabal era cierto. El ejército patrullaba ahí cerquita, donde iban a lavar las señoras en la laguna.” — Don Tino, 24 de enero de 2024. 

“Ya en septiembre teníamos la medida cautelar aquí, que ya los soldados podrían retirarse. Pero sí había miedo.” — Don Tino, 24 de enero de 2024. 

LA RESISTENCIA

Las medidas cautelares internacionales y una iniciativa de ley rechazada por el Congreso 

Apenas días después del desalojo, en septiembre de 2017, la comunidad logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara Medidas Cautelares (MC 412-17) a favor de las 111 familias desplazadas, un paso que obligó a los gobiernos de Guatemala y México a atender su situación y que, hasta hoy, ha sido la principal herramienta de protección de la comunidad. Sin embargo, el cumplimiento de esas medidas ha sido irregular: durante el gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) ocurrió el desalojo; con Alejandro Giammattei (2020-2024) no se concretó ni la reubicación ni el retorno. Paralelamente a este litigio internacional, Laguna Larga se sumó a un esfuerzo legislativo más amplio: en 2016, más de cuarenta comunidades de la región presentaron ante el Congreso guatemalteco una Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible, que no fue aceptada pero sentó las bases de un trabajo organizativo posterior. Tras diez encuentros regionales con pueblos indígenas y campesinos de varios departamentos, el 19 de marzo de 2024 se presentó ante el Congreso la Iniciativa 6358, que buscaba reformar la Ley de Áreas Protegidas para reconocer a estas comunidades como corresponsables de la conservación y no como amenazas. El 7 de agosto de 2024, la comisión legislativa emitió un dictamen desfavorable, argumentando posibles consecuencias legales y ambientales adversas, lo que cerró, por ahora, esa vía de reconocimiento colectivo. 

Adjuntar medidas cautelares. 

Adjuntar propuesta de ley. 

“Sería recuperar nuestra área donde estábamos, esa sería nuestra base principal, con que nosotros tengamos nuestra tierra libremente para trabajar.” — Carlos Mauricio, 25 de enero de 2024. 

“Nuestro pleito ha sido el retorno, porque si teníamos una tierra declarada, una comunidad declarada, ¿por qué no podemos entrar de nuevo?, si hay otras comunidades que han entrado de nuevo.” — Don Tono, 24 de enero de 2024. 

LA INCERTIDUMBRE DE LAS PROMESAS Y CENSOS

Casi nueve años después del desalojo, la comunidad de Laguna Larga sigue viviendo en el campamento fronterizo, a la espera de una solución definitiva. En marzo de 2026, el gobierno de Bernardo Arévalo se comprometió a un “retorno provisional”, pero hasta ahora no existe una fecha concreta para que esto ocurra. Mientras tanto, funcionarios realizan censos periódicos y sin previo aviso entre las familias, argumentando que el acuerdo cautelar obliga a los desplazados a permanecer en el campamento, por lo tanto, quienes no estén –porque fueron a la corta del tomate, por ejemplo—cuando lleguen los funcionarios a censar, no serán beneficiadas por cualquier acuerdo futuro. El contexto regional añade nuevas fuentes de incertidumbre: en agosto de 2025, los presidentes de Guatemala, México y Belice firmaron la Declaración de Calakmul, creando el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, un acuerdo trinacional de conservación que abarca 5.7 millones de hectáreas; y en febrero de 2026 el gobierno anunció la construcción de una nueva base militar estratégica justo en la frontera de Petén con México. Pese a todo, la comunidad no ha dejado de organizarse ni de hacerse visible: mantiene una página activa en redes sociales, ha dado entrevistas a medios nacionales e internacionales y sigue exigiendo, casi una década después, lo mismo que pidió la primera noche que huyó bajo la lluvia: un retorno o una reubicación en condiciones dignas.